La promulgación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, constituye uno de los hitos más relevantes en materia de ordenación de la función pública, en la medida en que establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público comprendiendo aquello que es común a los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, más las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio. En este sentido, la Ley 7/2007 resulta novedosa en su intento de conseguir que los empleados públicos tengan un haz mínimo de derechos y obligaciones, como consecuencia de tener un “empleador” único, la Administración Pública. De su contenido podemos destacar los siguientes aspectos: El EBEP actualiza ese catálogo de derechos, distinguiendo entre los de carácter individual y los derechos colectivos, e incorpora a los más tradicionales otros de reciente reconocimiento, como los relativos a la objetividad y transparencia de los sistemas de evaluación, al respeto de su intimidad personal, especialmente frente al acoso.
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